Síntesis de la Propuesta

Una nueva seguridad social para Uruguay

El sistema actual de seguridad social enfrenta tensiones de sostenibilidad, inequidades y confusión de funciones. La propuesta plantea un rediseño integral, basado en tres pilares claramente diferenciados y con financiamiento propio

Ahorro

El Ahorro Personal será obligatorio para todas las personas que residan en Uruguay con edades comprendidas entre 18 y 75 años de edad y voluntario para uruguayos no residentes, familiares o extranjeros en determinadas condiciones.

Las personas declararán anualmente el monto de los ingresos generados por todo concepto en el año. En base a esta declaración se calculará el monto de ahorro obligatorio que se pagará al año siguiente a la Administradora Pública de Fondos Previsionales. Los ahorristas casados asignarán el 50% de sus ahorros a su conyugue mientras dure el matrimonio. Por su cuota parte optarán libremente por asignar sus ahorros a su cuenta personal o a grupos de ahorro solidario.

Los ahorristas comenzarán a recibir prestaciones mensuales vitalicias a los 45 años en base a los saldos acumulados en su cuenta hasta la fecha, a la que se sumarán nuevas prestaciones vitalicias a los 55, 65 y 75 años de edad. Este sistema no castiga trayectorias laborales inestables o atípicas. Al eliminar requisitos como los 30 años de aportes, se abre la posibilidad de recibir prestaciones incluso para quienes hayan tenido períodos discontinuos de actividad, hayan vivido en el exterior o comenzado a trabajar tardíamente, brinda flexibilidad y empodera a las personas adultas para tomar decisiones que se adapten a su proyecto de vida.

Solidaridad

Una institución Estatal independiente con financiamiento propio concentra todas las prestaciones no contributivas, asegurando que nadie pierda derechos y fortaleciendo la protección a la niñez, la maternidad y la vejez sin ingresos suficientes.

Asegurará la continuidad y mejora de las prestaciones no contributivas existentes, como ser:

• Pensiones por vejez, invalidez o discapacidad.
• Asignaciones familiares, prenatales y por discapacidad.
• Contribuciones para lentes, prótesis, turismo social y vivienda.

Y sumará:

Una Prestación por maternidad para todas las madres por un plazo de 2 años para su primer hijo, 12 meses para el segundo y 6 meses para los consecutivos. El monto será del 60% de los   ingresos declarados en los últimos 3 años (mínimo 1 Salario mínimo, máximo 2 Salarios mínimos).

Compromiso Personal de Reinserción y Desarrollo es una nueva prestación para personas despedidas, desempleadas o en búsqueda de primer empleo o que quieran iniciar un emprendimiento.

Se trata de una prestación no contributiva condicionada al un plan acordado entre las partes.

Seguridad de ingresos para trabajadores dependientes

(En el régimen actual comprende los seguros de Paro y de Enfermedad)

El seguro de Continuidad de Ingresos es una cobertura para quienes, por decisión del empleador, ven suspendida temporalmente su actividad. A diferencia del régimen actual de seguro de paro, se propone que la cobertura corresponda al periodo de inactividad dentro del vínculo laboral. En caso de despido, el empleado pasa a estar cubierto por la prestación “Compromiso Personal de Reinserción y Desarrollo.” Se propone un aumento en la prestación y una participación directa del empleador en el pago mensual, con el fin de evitar que la herramienta se utilice como una estrategia de administración de personal.

El seguro por Enfermedad cubre periodos de incapacidad certificadas.

El marco normativo especifico será establecido por una unidad reguladora estatal que considerará los planes y sugerencias que aporte el “Clúster de salud laboral”.

El Clúster de salud laboral será una organización integrada por representantes de Autoridades, Académicos, Empleados y Empleadores.

Tendrá como objetivo Elaborar un Plan Quinquenal de Salud Laboral. Diseñar estrategias para reducir el ausentismo, mejorar las condiciones de trabajo e Impulsar programas preventivos y de promoción de la salud en el trabajo.

El modelo propone un sistema más claro, transparente y sostenible, que separa funciones, protege los derechos adquiridos y fortalece la solidaridad.

El objetivo es garantizar una subsistencia digna para todas las personas, en todas las etapas de la vida, con responsabilidad compartida entre individuos, empresas y Estado.